La ministra Norma Lucía Piña propone al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que discutirá el tema en los próximos días, declarar inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
El proyecto considera “procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021”, promovidas por separado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y senadores de oposición.
El documento a votarse, publicado en la página de la SCJN, resuelve declarar “la invalidez de la totalidad del sistema normativo que integra el Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021.
Desde su publicación a la fecha, el decreto ha recibido seis suspensiones provisionales.
En junio de 2021, Piña Hernández concedió la suspensión al IFT para que no tomara las medidas necesarias para “instalar, operar, regular y mantener” el Panaut. Aunque la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de reclamación, este fue declarado como infundado por la Primera Sala.
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En su proyecto, la ministra considera que la emisión del decreto requería de una Evaluación de impacto en la protección de datos personales en términos de la referida Ley General, misma que —comenta— no se advierte que haya existido.
“No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado a la luz de los artículos 6 y 16 de la Constitución General”, señala.
El Panaut, creado para inhibir la comisión de delitos a través de dispositivos móviles, obliga a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar una identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil.
La creación de este tipo de base de datos, advierte la ministra, “mal reguladas o implementadas, pueden dar lugar a la generación de sistemas de control y vigilancia permanente de la población, lo cual evidentemente resulta contrario a las bases que sostienen un Estado democrático”.
